La Fundación Mujeres X Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir Argentina y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Tucumán denunciaron penalmente a quienes impidieron la realización de la interrupción voluntaria del embarazo a una de 11 años que había sido violada.
La denuncia se realizó contra la ministra de Salud, Rossana Chahla, el titular de servicios médicos de Siprosa, Gustavo Vigliocco, además de la directora del hospital y la jefa de ginecología. La demanda es por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Luego de presentar la denuncia las organizaciones emitieron un comunicado. “Denunciamos que la atención clínica en este caso estuvo plagada de violaciones a los derechos de una niña como ‘paciente’». Destacan que el incumplimiento se dio “tanto en el proceso de consentimiento informado a cargo de su médica tratante, como en judicialización innecesaria de su atención clínica en sede civil y penal, en la recabación de segundas opiniones por fuera de lo que indica la ley 26.529 –con la realización de una Junta Médica que emitió un dictamen diciendo que su embarazo era ‘normal’ para contrarrestar otro dictamen forense que hablaba de ‘riesgo obstétrico alto’- y con la objeción de conciencia personal e institucional que evidentemente afectó su acceso a la salud desde el inicio de la relación médico-paciente, y no solamente al final como declararon públicamente”.
También el comunicado destaca que no es la primera vez que esto ocurre en la provincia de Tucumán.