Justicia por Paola Guzmán Albarracín

Paola Guzmán Albarracín era una joven ecuatoriana de 16 años que se suicidó dos días después de su cumpleaños producto del abuso sexual que venía sufriendo por parte del vicerrector de su escuela. El sufrimiento de Paola comenzó dos años antes, cuando, ante el riesgo de tener que repetir el año, fue a pedir ayuda al vicerrector, Bolívar Eduardo Espín Zurita. Este, que era 50 años mayor que ella, puso como condición para ayudarla que Paola mantuviera relaciones sexuales con él. Tras dos años de violaciones, Paola quedó embarazada. Zurita le dio dinero para que comprara una inyección abortiva, que se la aplicaría el médico de la escuela, pero él también impuso sus condiciones: Paola tenía que acceder a tener sexo con él.

Así fue como esta joven de 16 años, acorralada y condenada a repetir el mismo calvario una y otra vez, decidió quitarse la vida. El 12 de diciembre de 2002 Paola tomó once pastillas de fósforo blanco. Les contó a sus compañeras del colegio, quienes la llevaron a la enfermería. Allí, en lugar de ayudarla, la obligaron a rezar para pedir perdón por el intento de suicidio. Ninguna autoridad del colegio avisó a los padres de Paola sobre lo que estaba sucediendo, lo hicieron sus amigas. Su madre llegó a la escuela media hora después y la llevó en un taxi a dos centros de salud, pero no sobrevivió.

 Una vez que murió Paola, su familia comenzó a recorrer todas las instancias posibles para hacer justicia: realizaron una denuncia penal contra el vicerrector por acoso sexual, violación e instigación al suicidio, que no prosperó porque, al estar prófugo el agresor, no pudieron juzgarlo; también recurrieron a la vía civil, que estableció una indemnización, pero la sentencia nunca fue ejecutada y se archivó el caso en 2013. Hubo demoras y negligencias en los procesos judiciales y hasta se llegó a sugerir que Paola se había enamorado del vicerrector y no había pruebas de que este le hubiera correspondido. Finalmente, en 2004, Zurita fue despedido por abandono injustificado del cargo, sin hacer ninguna referencia a la violencia sexual ejercida sobre una de sus alumnas. El caso de Paola había sido silenciado.

Por suerte, el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM Guayaquil), presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusando al Estado de Ecuador de haber violado los derechos de Paola consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. La CIDH aceptó el caso en 2008 y en 2015 celebró una audiencia al respecto. En 2018 concluyó que el Estado ecuatoriano fue responsable de la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la honra y a la dignidad de Paola.

Ayer se llevó a cabo la audiencia pública, durante el 133° Período Ordinario de Sesiones de la CIDH en Costa Rica. Allí presentaron sus testimonios el Estado ecuatoriano y representantes de la víctima. A 17 años de la muerte de Paola producto de la violencia sexual ejercida sobre ella y tras años de negligencia y silenciamiento, Ecuador pidió disculpas públicas. La CIDH convocó a una nueva audiencia, para presentar alegatos finales y dictar sentencia, el 28 de febrero de 2020.

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