Amalia Granata salvó su lista, será candidata

Amalia Granata limó asperezas con el frente «Unite por la Familia y la Vida», que la lleva como candidata a diputada provincial en Santa Fe, y su lista participará de las elecciones provinciales del 16 de junio.

Granata resolvió las diferencias con su coalición electoral y podrá competir por una banca en la Legislatura provincial.

El partido “Unite” había pedido la abstención de la lista que encabeza la legisladora provincial. (Santiago Saferstein)

A raíz de diferencias internas, la coalición por la que se postuló Granata había solicitado al Tribunal Electoral de Santa Fe abstenerse de participar de los comicios generales en las categorías gobernador, senador departamental y diputado. Su candidatura quedaba en riesgo luego de obtener en las elecciones primarias PASO del 28 de abril pasado casi 150.000 sufragios, convirtiéndose en la tercera más votada.

Amalia Granata sacó en las PASO casi 150.000 votos, convirtiéndose en la tercera más votada de la provincia.

El 8 de mayo pasado, la alianza «Unite por la Familia y la Vida», integrada por cuatro partidos políticos santafesinos, dispuso «dejar sin efecto la resolución mediante la cual se abstenía de participar en las elecciones provinciales» de acuerdo a la nota entregada al Tribunal Electoral. Uno de los motivos de las diferencias dentro del partido, fue que el candidato a Diputado en la lista de Granata, Walter Ghione, apoyó públicamente a la candidata a gobernadora María Eugenia Bielsa, cuya posición pública es a favor de la Interrupción voluntaria del embarazo.

El 1ero de Mayo ordenaron al Diputado quién pidió disculpas.

De repetir el desempeño electoral de las PASO, la lista de la antiderechos Granata, podría ingresar entre 3 y 4 escaños a la Legislatura santafesina, que renovará sus 50 bancas en diciembre.


Denuncian por homicidio calificado a les doctores que le hicieron la cesárea a la niña de 11 años en Tucumán

Un grupo de abogados presentaron una denuncia por homicidio calificado contra el doctor José Gigena y la doctora Cecilia Ousset, por haberle practicado una cesárea a la niña de 11 años, que fue violada por la pareja de su abuela y torturada por el Ministerio de Salud tucumano que, en lineamiento a los grupos antiderechos, dilató la interrupción legal del embarazo (ILE), hasta que solo fue posible aplicarla a través de una cesárea.

Fueron les doctores Gigena y Ousset les que debieron realizar la operación ante la negativa del personal médico, que argumentó a último momento “objeción de conciencia”. La doctora Ousset relató que ella no planeaba participar de la práctica, ya que es objetora de conciencia, pero frente al abandono de persona que realizaron los demás profesionales del hospital y ante el riesgo de vida que corría la niña, quien ya se encontraba en un estado de gravedad, tuvo que oficiar de instrumentadora quirúrgica y llevar a cabo la cesárea junto con el doctor Gigena, su marido.

En comunicación con El Destape Radio, el Dr. José Gigena denunció connivencia entre el Ministerio de Salud y el Poder Judicial de la provincia de Tucumán y expresó que desde un primer momento consideraron a la niña como una incubadora humana y que, junto a la iglesia, buscaron evitar que se cumpliera la ILE, derecho garantizado desde 1921.

El doctor indicó que tanto él como la doctora Ousset tuvieron desde un principio el apoyo de muchos grupos, entre los que se encuentra Andes, quienes les advirtieron que la situación se iba a poner brava. Gigena dijo que nada de lo que está sucediendo le sorprende, ya que se trata de una provincia que tiene como senadora a una persona como Silvia Elías de Pérez, quien se puso al frente de la cruzada antiderechos.

Por último el doctor Gigena expresó que en este país está abolido el estado de derecho y que solo basta el ejemplo de lo que sucede con Milagro Sala para dar cuenta de esto.

Denunciaron judicialmente a funcionarios de la Salud por impedir el aborto no punible a una menor violada en Tucumán

La Fundación Mujeres X Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir Argentina y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Tucumán denunciaron penalmente a quienes impidieron la realización de la interrupción voluntaria del embarazo a una de 11 años que había sido violada.

La denuncia se realizó contra la ministra de Salud, Rossana Chahla, el titular de servicios médicos de Siprosa, Gustavo Vigliocco, además de la directora del hospital y la jefa de ginecología. La demanda es por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Luego de presentar la denuncia las organizaciones emitieron un comunicado. “Denunciamos que la atención clínica en este caso estuvo plagada de violaciones a los derechos de una niña como ‘paciente’». Destacan que el incumplimiento se dio “tanto en el proceso de consentimiento informado a cargo de su médica tratante, como en judicialización innecesaria de su atención clínica en sede civil y penal, en la recabación de segundas opiniones por fuera de lo que indica la ley 26.529 –con la realización de una Junta Médica que emitió un dictamen diciendo que su embarazo era ‘normal’ para contrarrestar otro dictamen forense que hablaba de ‘riesgo obstétrico alto’- y con la objeción de conciencia personal e institucional que evidentemente afectó su acceso a la salud desde el inicio de la relación médico-paciente, y no solamente al final como declararon públicamente”.

También el comunicado destaca que no es la primera vez que esto ocurre en la provincia de Tucumán.


Tucumán: la violaron, la torturaron y la obligaron a parir

Tucumán debería pasar de llamarse «el jardín de la República» a «el jardín de la tortura». La violaron, el Estado la torturó, la obligó a parir, puso en riesgo su vida y en el Hospital Eva Perón lxs médicxs se negaron a atenderla.

Una nena de 11 años fue violada por la pareja de su abuela. El embarazo fue detectado en el Centro de Atención Primaria de la Salud de la localidad de 7 de Abril, donde la atendieron por primera vez, cuando llevaba 16 semanas. Se debería haber realizado la ILE pero las autoridades sanitarias y políticas de Tucumán pusieron trabas para que no acceda al derecho de interrumpir el embarazo. 

La Legislación Nacional es clara respecto de la legalidad de las prácticas de Aborto No Punible y de la falta de requisitos que obstaculicen y demoren estas intervenciones;  desde el Fallo F.A.L se omite como requisito el proceso judicial y basta con el pedido y declaración jurada de la víctima.

El 11 de febrero, en Cámara Gesell, la niña reiteró su intención de interrumpir el embarazo, contaba con 22 semanas de gestación. La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia realizó del 18 de febrero de 2019 una nueva entrevista a la niña para corroborar la información. 
Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo” consta en el expediente que le dijo a la psicologa que la trató. 

Desde el 31 de enero permaneció internada en el Hospital del Este Eva Perón, en las afueras de la capital provincial, luego de intentar suicidarse como consecuencia de la situación dramática que atravesaba.

A última hora del martes 26, luego de que el caso tomara trascendencia nacional, el Sistema Provincial de Salud (Siprosa), a cargo del Dr. Gustavo Vigliocco, informó que pondría en marcha las acciones necesarias «conforme a la doctrina pacíficamente emanada del fallo «FAL», pero cerraba el comunicado la frase: «se continúen los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas».

El secretario de Salud de la provincia de Tucumán, Gustavo Vigliocco, llegó a decir que como la niña pesaba más de 50 kilos, está en condiciones de llevar a término el embarazo. Esta información fue desmentida por la médica que la atendió.

Por la noche del martes se viralizó un audio del Arzobispo de Tucumán que instaba a «custodiar» al feto y brindó el nombre de la menor, vulnerandolá una vez más.

El obispo Carlos Sánchez

“Sabemos que vale toda vida y por eso los invito a que podamos cada uno de nosotros comprometernos cotidianamente a custodiar, a cuidar y a servir toda vida humana”, dijo, y agregó que “es importante que cada uno tome conciencia de esto sabiendo que tenemos que custodiar, cuidar y servir la vida de (…) y de su bebé”.

La periodista Mariana Romero entrevistó en Radio Nacional a la Doctora
Cecilia Ousset quién asistió a la césarea de la nena junto a su marido el Doctor Jorge Gigena quien realizó la intervención. La Doctora relató que todo el equipo médico del Hospital Eva Perón se negó a atender a la niña que corría un alto riesgo de vida. “Habían dicho que la nena de 11 años pesaba más de 50 kilos, y les aseguro que es un cuerpo infantil. Cuando la vi estaba sentada en la cama jugando con unas muñequitas… Cuando la vi se me aflojaron las piernas porque fue como verla a mi hija menor. Le explicamos lo que iba a suceder y no entendía con exactitud. Lo que sí tenía en claro es que se le iba a solucionar el problema. Cuando llegamos al quirófano todos los integrantes se declararon objetores de conciencia: la instrumentadora, el anestesista y la enfermera. Vino una anestesista de la Maternidad y yo tuve que instrumentar la cirugía. El doctor -Jorge- Gigena realizó la ILE. Empezamos la cirugía con una presión arterial de 120, por lo tanto, si esto se prolongaba podía derivar una preclancia y corría un serio riesgo en su vida. Ayer se salvó la vida de una nena de 11 años que fue torturada por un mes por el Sistema de Salud Provincial”

Fragmento de la entrevista a la Dra. Ousset para escuchar la nota completa ingresá aquí

Jujuy: practicaron una interrupción legal del embarazo a una niña de 13 años

Una nena de 13 años fue víctima de una violación y quedó embarazada. Accedió a la ILE en el Hospital Materno Infantil «Dr. Héctor Quintana», donde se habían negado a practicarle el aborto a otra niña y en cambio le realizaron una cesárea.

La menor conoció a su agresor a través de las redes y se encontraba embarazada de 18 semanas, según información que difundió el diario El Tribuno. La Fiscalía Especializada en Violencia de Género y Abuso Sexual  a cargo del fiscal Alejandro Bossatti trabaja en el caso y la Policía busca al autor de la violación, quien utilizó datos falsos para contactarse con la nena a través de las redes sociales.

En el año 2017 Unicef colaboró con la provincia de Jujuy para la elaboración de un Protocolo para la atención de los embarazos en menores de 15 años debido a las alarmantes tasas de esa provincia, que superan la media nacional.  La provincia de Jujuy tiene, conforme a estadísticas del Departamento de Bioestadística del Ministerio de Salud, un registro de casos anuales en los hospitales públicos durante 2015 que arroja un total de 8.856 partos, 67 de los cuales  corresponden a adolescentes de 10 a 14 años.

Jujuy

Para 2016, del total de 8.463 partos, 42 fueron de menores de 15 años. De acuerdo a la distribución geográfica, las localidades de San Pedro de Jujuy, Abra Pampa y Capital concentran la mayor cantidad de casos.

La ciudad santafecina de Rafaela aprueba una ordenanza contra la ILE

De noche, y en una sesión extraordinaria, concejales de la ciudad santafecina de Rafaela votaron a favor de la ordenanza «Protección integral de la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y del niño por nacer”, que intenta oponerse la interrupción del embarazo, incluso en los casos legales.

El proyecto no fue presentado por un legislador, sino que es una iniciativa popular. Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y defensa de la salud de las mujeres, sacó un comunicado de repudio.

«El proyecto desconoce nuestro ordenamiento jurídico de manera flagrante. Desde 1921, el aborto está parcialmente despenalizado en Argentina en casos de peligro para la vida o la salud de la mujer y en casos de embarazo producto de violación. En el fallo “F., A. L.”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que las mujeres tienen derecho a interrumpir un embarazo en estos casos y que el Estado (a nivel Nacional, Provincial y Municipal) tiene la obligación de garantizarlo. Así, afirmó no solo que garantizar el acceso al aborto en los casos previstos en el Código Penal es respetuoso de nuestro ordenamiento jurídico sino que, por el contrario, el Estado (y sus funcionarios/as) incurren en responsabilidad si no se garantizan los mecanismos para hacerlo», dice el comunicado que lleva las firmas de ELA, CEDES, REDAAS, CELS, CDD, Mujeres X Mujeres, Amnistía Internacional Argentina, FUNDEPS e INSGENAR.

A comienzos de noviembre, el peronista Marcelo Caponio, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales presentó en Tucumán un proyecto similar, que fue aprobado por 29 de los 49 legisladores. Ante la ola de repudios, el proyecto fue frenado.