De Stonewall al cupo laboral travesti-trans: una historia de lucha por la diversidad

En la madrugada del 28 de junio de 1969 la policía irrumpió en Stonewall Inn, el bar que frecuentaba la comunidad LGBTIQ+ de Nueva York. Las redadas eran algo frecuente en aquella época y, gracias al arreglo de los dueños del bar con las fuerzas de seguridad del distrito, siempre se los ponía sobre aviso. Esta vez, sin embargo, algo había cambiado: quienes habían ingresado al local no eran los “amigos” de la policía de Nueva York, sino agentes federales de la BATF (Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms). Por lo que, en lugar de la clásica redada en la que solo se llevaban a quienes no tenían documentos, los agentes comenzaron a agredir y detener a mujeres trans y travestis por no llevar por lo menos tres prendas acorde a su “género”, tal como dictaba la ley. Además de quienes llevaban a cabo la redada, algo más había cambiado esa noche: la comunidad comenzó a responder y se generaron “disturbios”, que se prolongaron por varios días y culminaron con una manifestación que cambiaría la historia.

La historia cambió, es cierto, la comunidad LGBTIQ+ se defendió y se hizo visible. Salió del subsuelo de la sociedad para marcar las calles de Nueva York, les marginades habían llegado para quedarse. Hoy, 51 años después, las personas LGTBIQ+ aún son marginadas, aún carecen de acceso a muchos derechos que el resto de la gente considera básicos. Según un estudio de la Fundación Huésped de 2014 (el último disponible), en Argentina 6 de cada 10 personas trans sufren situaciones de discriminación social, 3 de cada 10 de estas situaciones se dan en el ámbito de la salud pública. En lo que respecta al área de educación, los números no mejoran, 6 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres trans abandonaron el secundario. Además, 4 de cada 10 mujeres trans sufrieron abuso sexual y 7 de cada 10 han sido detenidas por fuerzas policiales en algún momento de su vida. La situación de discriminación y acoso diaria sufrida por el colectivo trans provoca que 5 de cada 10 hombres trans y 3 de cada 10 mujeres trans tengan ideaciones suicidas.

Pero además de los derechos a la salud (física y mental) y a la educación, las personas travestis y trans también ven vulnerado su derecho al trabajo: debido a la precariedad laboral ocasionada por la discriminación, tan solo 1 de cada 10 personas trans tiene aportes jubilatorios y su principal fuente de ingresos es el trabajo sexual. Actualmente, existen en nuestro país tres proyectos de ley que promueven la inserción laboral de personas travestis, trans y transgénero. Se presentaron el 05/03 y pertenecen a las diputadas Mónica Macha, Gabriela Estévez y Cristina Álvarez Rodríguez, las tres del Frente de Todes. Los tres establecen, entre otras cosas, un cupo laboral de entre el 1% y el 1,5% para travestis, trans y transgénero en toda la planta del sector público nacional. Iniciativas similares se habían presentado en 2018, pero perdieron estado parlamentario. El cupo laboral travesti-trans fue aprobado a nivel local en varias provincias, tales como la PBA en 2015, Chubut en 2017, Río Negro y Chaco en 2018, y Santa Fe en 2019.

Mucho tiempo pasó desde aquella madrugada de 1969 en la que la comunidad LGBTIQ+ salía a la luz y se defendía de quienes pretendían mantenerla al margen. Un largo camino se ha recorrido y, sin embargo, personas LGBTIQ+ aún siguen siendo discriminadas en los centros de salud, en las escuelas y en los trabajos; también siguen siendo de las más hostigadas por las fuerzas de seguridad. Sus elecciones siguen siendo utilizadas como insultos, como amenazas. Aún hoy día hay personas que sienten que tienen el derecho de increparlas y pedirles explicaciones por que sí, aún hoy día les molesta que no se escondan. El cupo laboral trans es necesario, sí, pero no es suficiente. Una reeducación de la sociedad es necesaria para que se entienda que la libertad no es individual, sino colectiva, y que los derechos de une no valen nunca más que los del otre.

San Cayetano en perspectiva feminista: una radiografía del desempleo que afecta a les más vulnerables

Hoy es San Cayetano, miles de fieles se encuentran en Liniers para pedirle al santo católico “pan y trabajo”, por lo tanto es un buen día para recordar que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la desocupación creció del 7,2% al 9,1% en el último trimestre de 2018 y que dicho crecimiento afectó particularmente a mujeres y a jóvenes: el 51,6% de les desocupades son jóvenes de hasta 29 años, de ese porcentaje, el 51% son mujeres.

De acuerdo a un informe publicado por el Centro Económico de Economía Política (CEPA), la tasa femenina de desempleo registró un 10,8% en 2018, (frente al 8,9% de la tasa masculina para el mismo periodo), lo que representa un incremento de un 1% en relación al 2017 y de 3,1% respecto de 2015. A estos datos hay que sumarle el hecho de que el 37,1% de las mujeres que trabajan en relación de dependencia se encuentra en situación de informalidad laboral, cifra que aumentó casi un punto porcentual desde el 2017 y 2,1% respecto de 2015, mientras que entre los varones el porcentaje se mantuvo en 31,8%, sin variaciones con respecto al periodo anterior.

Los hogares monoparentales, que en realidad deberían llamarse monomarentales, ya que el 60% de los mismos está a cargo de una mujer, representan el 66% de los hogares pobres en nuestro país, lo que nos pone en perspectiva de qué hablamos cuando hablamos de feminización de la pobreza.

Por otra parte, estaríamos siendo excluyentes si no mencionáramos colectivos que prácticamente ni aparecen en las cifras oficiales. Si el desempleo en nuestro país tiene cara de mujer, las personas trans y travestis ni siquiera tienen rostro para las mediciones, aun teniendo en cuenta que se encuentran en situación de vulnerabilidad frente a la falta de trabajo, debido a la discriminación y a la exclusión social. Recordemos que, según datos del INDEC correspondientes a 2014, solo el 18% de las personas travestis y trans accedieron a un trabajo formal y que al menos el 80% está o estuvo en situación de prostitución. Dichos datos resaltan la importancia de que se cumplan cupos laborales que favorezcan la inclusión al mercado laboral de les trans y travestis.

Frente a la crisis económica y la falta de políticas públicas, son las personas más vulnerables las que padecen en mayor medida el desempleo y la informalidad laboral, en este marco, a pesar de la tradición que congrega a les fieles en Liniers, encontrar trabajo y enfrentar la precarización laboral no se trata de una cuestión de fe.

La ley Diana Sacayan por el Cupo laboral travesti – trans duerme en el Congreso

Desde julio de 2018 duerme en el Congreso Nacional un proyecto de ley para que el cupo laboral trans-travesti sea ley. El Frente Nacional por la Ley Diana Sacayán presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que busca instituir el cupo laboral del 1% de los puestos de la administración pública nacional para personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans. 

Cupo laboral para travestis y trans: el 98% no tiene trabajo formal

En 2016 se había presentado pero perdió estado parlamentario. En 2018 entró al Congreso avalado por la firma de más de 40 diputadxs pertenecientes a seis bloques legislativos, a instancias de la diputada nacional Mónica Macha de Unidad Ciudadana. Desde las organizaciones sociales temen que por el año electoral no sea tratado.

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En el país solo cuatro provincias aprobaron legislaciones vinculadas al cupo trans – travesti pero ninguna lo aplica. En la provincia de Buenos Aires a pesar de que se aprobó la ley, no fue reglamentada aún, por lo tanto no se aplica.

Municipios como Almirante Brown, Avellaneda, Lanús, Merlo, Morón, Quilmes, San Miguel, Tres de Febrero, San Isidro, Chivilcoy, Azul, Ramallo y Mar del Plata adhirieron a la ley gracias al trabajo de las organizaciones, sin embargo esto no se tradujo en un cumplimiento efectivo.

En Pilar y Florencio Varela se aprobaron ordenanzas específicas que instituyen el cupo. Sólo en este último municipio comenzó a aplicarse y hay dos personas trans trabajando en planta permanente.

Chubut aprobó el cupo laboral trans el 17 de mayo de 2018. Le siguieron Río Negro y Chaco, en septiembre y noviembre de 2018 respectivamente. Por diferentes razones,  en ninguna de las tres provincias se implementó.
Mientras que Río Negro y Chaco aún están dentro del plazo de un año para la reglamentación, en Chubut las organizaciones denuncian que la ley está frenada.

En el resto de las provincias se presentaron proyectos similares, sin embargo en la mayoría no llegaron ni a tratarse en las comisiones.

Algunos municipios del país aprobaron iniciativas propias con una aplicación más efectiva. Santo Tomé, Capitán Bermúdez, Chañar Ladeado, Rosario, San José del Rincón, Gálvez, San Justo, Venado Tuerto y Ciudad de Santa Fe (Santa Fe) San Pedro (Jujuy); Fray Mamerto Esquiú (Catamarca); Resistencia (Chaco, antes de la ley provincial); Bell Ville (Córdoba); Orán y Salta (Salta); Santa Rosa (La Pampa); Cinco saltos, Bariloche, San Antonio Oeste, Cipolletti, Luis Beltrán, Río Colorado, Viedma (Río Negro, antes de la ley provincial); Las Heras y Luján de Cuyo (Mendoza); Villa Mercedes (San Luis); Tafí del Valle (Tucumán); Río Grande (Tierra del Fuego).

En la Ciudad de Buenos Aires no hay ley pero un reciente fallo de la justicia porteña ordenó al Consejo de la Magistratura a reglamentar el cupo laboral travesti trans previsto en la Ley de Política Pública para el reconocimiento y ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI). Esa norma se aprobó en 2012, mismo año que la Ley de Identidad de Género. Sorprende que en una Ciudad que se pronuncia oficialmente «gay Friendly» para el turismo no se busque apoyar semejante iniciativa.

Aunque no están obligadas, las universidades se hicieron rápidamente eco de la demanda y empezaron a implementar el cupo laboral travesti-trans. Una de las primeras fue la Universidad Nacional de Mar del Plata, en 2017, que ya lo aplica. Le siguieron las de La Pampa, el Comahue y Tierra del Fuego.

En el país, el 98% de las personas travestis, transexuales, y transgéneros no tiene un trabajo formal. Se necesita la aprobación inmediata de la ley Diana Sacayan para garantizar el cupo laboral trans -travesti en una población cuya expectativa de vida no pasa los 35 años. El Estado es cómplice de sus muertes y de la exclusión que sufren.

#CupolaboralTransYA

Fuente: Agencia Presentes

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