A pocos días el 3 de junio, la provincia de Córdoba se suma a la adhesión a la ley Micaela

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En abril de 2017 en Gualeguay, Sebastián Wagner y Néstor Pavón abusaron de Micaela García, joven de 21 años militante del Movimiento Evita, la asesinaron y descartaron su cuerpo, que fue encontrado una semana después. Al mes siguiente, en honor a la incansable lucha de Micaela en pos de los derechos de las mujeres, diputados del FPV, Libres del Sur, Movimiento Evita y el Frente de Izquierda presentaron la “ley Micaela”, que estableció la capacitación obligatoria de todos los funcionarios del Estado en cuestiones de género.

Ahora, a meses de su sanción en el Senado en diciembre de 2018, Córdoba se adhirió, sumándose a otras provincias y municipios: en la PBA están adheridos los municipios de La Plata, San Martín, Puán, San Fernando, Escobar, Mar del Plata y el 05 de junio se tratará en sesión en el HCD de Moreno. También se sumaron Sierra Grande (Río Negro), Chaco, Chubut, Córdoba y Santa Cruz. En el caso particular de Ushuaia, la adhesión está siendo demorada ante la oposición de legisladores como Ricardo Romano, que alegan que se trata de “adoctrinamiento en ideología de género” y proponen que las capacitaciones sean optativas.

Los puntos principales de la ley son:

1)   “Establecer la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado”.  

2)   “La ley tiene por objetivo capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió nuestro país al firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.  

3)   Corresponderá al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), a cargo de María Fabiana Túñez, hacer aplicar la ley. Será también quien se encargue de formar directamente a las máximas autoridades del Estado en la temática.  

4)   En cada uno de los organismos estatales, las capacitaciones se harán en colaboración con sus propias oficinas de género, si ya las hubiera en funcionamiento. Para eso se crearán materiales y programas nuevos, o se adaptarán los existentes, de acuerdo a la normativa establecida por “las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país”.  

5)   El INAM controlará la calidad de esos materiales y las capacitaciones deberán estar en funcionamiento dentro del año de puesta en vigencia de la ley.  

6)   Mediante su página web, el INAM publicará información pública respecto al grado de cumplimiento de las formaciones contra la violencia de género en cada uno de los organismos del Estado y realizará informes de seguimiento sobre su impacto. Se considerará como una “falta grave”, pasible de una sanción disciplinaria, que algún empleado público se negase, “sin causa justa”, a participar de las capacitaciones.

Es clave que todas las provincias adhieran para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que el Estado debe tomar medidas preventivas y punitivas para que estas situaciones no queden impunes.


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