Marisa Astudillo tardó 20 años en poder salir de la humillación, el hostigamiento y el maltrato físico perpetuado por su ex marido, un suboficial de la Policía bonaerense de Necochea.
En el año 2017 ella lo pudo dejar, Rubén Ortega se fue de la vivienda que compartían pero meses después, en abril de 2017, él le pidió quedarse en el quincho porque había sufrido un preinfarto.
A los 3 días el hombre intentó matarla. A ella se le enganchó la ropa tratando de pasar la reja de su casa. Ortega era suboficial de la Policía bonaerense, con su arma reglamentaria le disparó tres veces. Fueron tres balas: una le tocó la médula; otra, el húmero derecho. Otra, los pulmones. Luego se sentó en la vereda a esperar a la policía.
El dictamen de la jueza llegó casi dos años después del ataque, lo condenó a Ortega a 24 años en la Unidad 15 de Batán. La querella había pedido 26 años y medio de cárcel.
Además del inédito tiempo de la pena, la magistrada a cargo del fallo, Mariana Giménez, titular del Tribunal en lo Criminal N°1 de Necochea, generó otra novedad: sugirió que desde ahora la provincia de Buenos Aires adhiera a la ley de Violencia de Género con el rótulo “ley Marisa”.
Según declaró al diario Clarín el fiscal de la causa, Eduardo Nuñez “se lo merece, se merece ser recordada. Cuando la vimos entrar, no podíamos creer que hubiera venido a declarar, y sin la silla de ruedas… es una mujer muy lastimada, pero de gran fortaleza. Fue increíble. Apenas podía con su cuerpo”.
El abogadode Astudillo, Julio Razona, aseguró que “ella acudió al Estado para ser protegida, pero él trabajaba en la departamental de Necochea y obstaculizó todos esos mecanismos. Una vez, incluso, intentó ahorcarla en su propia oficina”.
Marisa Astudillo deberá ahora someterse a dos operaciones, una para mejorar su movilidad y la otra por las heridas en su tráquea que le dificultan el habla. Las pospuso porque quería estar en el juicio contra su ex pareja.
