El gobernador Miguel Lifschitz decretó este martes la conformación de un “Protocolo de actuación para la prevención y atención frente a situaciones de violencia de género en el ámbito laboral”. Además envió a la Legislatura provincial un proyecto para que Santa Fe adhiera a la Ley Micaela, que tiene como objetivo capacitar y sensibilizar en la materia a quienes integran los diferentes estamentos del Estado.
El protocolo establece que la persona afectada por una situación de violencia de género recibirá asesoramiento legal y asistencia integral en forma gratuita en todo el territorio provincial y deberá ser acompañada y contenida en todo trámite posterior a la consulta, petición, presentación o denuncia que realizara. También se le deberá garantizar la participación en el procedimiento y la información sobre el estado y avance del trámite
El Protocolo será de aplicación para los agentes públicos, el personal y las autoridades superiores de las entidades autárquicas, personal docente, policial y penitenciario, y autoridades superiores y personal de gabinete.
Además, se establece que la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, será la jurisdicción encargada de la recepción y trámite de las denuncias, peticiones, presentaciones o consultas vinculadas con situaciones de violencia de género contra funcionarios o empleados públicos provinciales
